Las obras incluidas en el llamado a licitación son voluminosas. Entre ellas se cuentan, además de la repavimentación de todo el trayecto, la reconstrucción de un tercer carril en sus dos extremos —entre Rosario y San Lorenzo y entre Santo Tomé y Santa Fe—; la transformación en intercambiador de tránsito del actual puente a la altura de La Tatenguita; dos accesos nuevos en el sur y la readecuación hidráulica de los puentes sobre tres arroyos que cruzan el trayecto, según fue ampliamente difundido por medios capitalinos.
Los nuevos pliegos. Una ley de 1992, la 11.157, dio origen a la concesión de la principal vía de comunicación provincial, la que fue adjudicada en 1994 por 15 años a la empresa Dragados y Construcciones, que junto a otros socios actuó bajo el nombre de Aufe. El plazo —con prórrogas incluidas— se cumplió recientemente, motivando una controvertida contratación directa de dos empresas constructoras.
Para elaborar los pliegos trabajaron en conjunto la Secretaría de Servicios Públicos y el Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario, y el complejo pliego de condiciones impone entre otros requerimientos, el "compre nacional". y parece mostrar en su meticulosidad, gran preocupación por neutralizar los efectos negativos de las contrataciones directas efectuadas.
En lo que específicamente percibirá el usuario de la autopista, el pliego establece la cantidad de personal de la concesionaria, normas de seguridad, higiene y accidentes de trabajo; régimen de faltas e infracciones. El viernes, en realidad se abrirán dos sobres por cada postulante; uno con los antecedentes del mismo y otro con la oferta.
Según trascendió en medios de la capital provincial, la concesión será onerosa, con un plazo de 10 años y el régimen tarifario se establecerá en los pliegos. La concesionaria deberá efectuar los trabajos y prestar los servicios previstos, garantizara la operatividad de la ruta y abonará un canon de 200 mil pesos por mes.
El pliego garantiza la continuidad laboral del personal actual en manos del nuevo concesionario deberá absorber la totalidad del personal que preste servicios para Aufe. Los interesados en explotar este corredor vial deberán contar con un capital social superior o igual a 15 millones de pesos.
Entre las exigencias está la elaboración del manual de contingencias, otro del sistema de autocontrol de calidad, así como el procedimiento a utilizar para informar al usuario sobre las condiciones del camino. En forma anual deberá presentar un plan de trabajo y obras de mantenimiento en todo el corredor, desagregado mensualmente, así como un plan de capacitación y entrenamiento del personal propio y de los entes contratados para afrontar potenciales catástrofes.
Conservación. Los trabajos de conservación obligados son de bacheo, toma de grietas y fisuras, microaglomerados y lechadas asfálticas parciales: señalización vertical y horizontal; perfilado de banquinas, taludes y zonas marginales; limpieza y reposición de señales camineras, mantenimiento de la demarcación horizontal, reparación y reposición de barandas de defensas; reparación, reposición y pintado de columnas de alumbrado, reposición de lámparas y luminarias.
También se prevé el mantenimiento de semáforos (donde los hay) y postes SOS, servicios al usuario SOS, reposición de alambrados, despeje de obstáculos en calzada, limpieza, mantenimiento de desagües, alcantarillas y obras de arte mayores, mantenimiento de bosquecillos, limpieza y emprolijamiento general de la zona de camino, corte de pastos y malezas y toda otra tarea que resulte necesaria para que la autopista brinde al usuario adecuadas condiciones de seguridad y confort.
Así las cosas, y mientras resuenan la polémica por la contratación directa de una empresa para la explotación provisoria del corredor, se espera ahora conocer quiénes se ponen en carrera para garantizar estas obras.
/ Fuente: La Capital
